Catalunya asumió las competencias en materia sanitaria hace 30 años, con el reto de consolidar i modernizar un modelo propio de sistema de salud. Modelo basado en la separación de funciones (provisión, financiación y compra de los servicios), y en la utilización pública de todos los centros de salud y hospitales disponibles en el territorio, independientemente de su titularidad. Y asume las competencias de salud sin disponer de una base normativa que permitiera articular un modelo propio que tenía como primer reto la modernización de las instalaciones existentes. El consenso político en la gestión del proceso de cambio y la suma de todos los esfuerzos y voluntades de profesionales, ciudadanos, sindicatos y patronales fue el principal factor que permitió la construcción con éxito del modelo sanitario actual.
La Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1991 se encargaron de legitimar las actuaciones que se estaban impulsando en Catalunya desde 1981. Estos años de retraso entre la realidad y la legalidad, en lugar de ser un freno por la incertidumbre que podía generar esta situación, fueron de gran estímulo para sentar unas bases sólidas del sector sanitario de Catalunya, que permitió además generar en paralelo al sistema público un sistema privado que da servicios actualmente al 25 % de la población.
El sistema actual de salud de Catalunya es el fruto de una gestión de consenso política y social en materia sanitaria durante estos últimos 30 años y es el servicio público mejor valorado por la ciudadanía y además reconocido a nivel internacional como de los mejores del mundo.
El coste por habitante del sistema público de salud en Catalunya es de 1.300€, muy lejos del coste medio de los países más desarrollados e inferior al de casi todas las comunidades autónomas del Estado. El mantenimiento de esta situación, con un servicio excelente y barato, es difícil en el contexto actual, ya que la estrategia a seguir por el Govern se debate entre la urgente necesidad de asumir la austeridad que impone la crisis y la demanda de ciudadanos y profesionales, que no quieren dar un paso atrás en el nivel de prestaciones y la calidad de los servicios. El problema es que sería muy difícil recuperar el nivel de calidad conseguido en unos servicios de salud aún infra-financiados.
Es urgente y muy necesario recuperar el consenso político y social perdido estos últimos meses, para evitar la fractura social que puede suponer en un futuro inmediato las medidas de ajuste.
Treinta años de competencias sanitarias. Diario Médico 8 de julio de 2011
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